El 6 de noviembre de 2010 el colectivo de los autónomos estaba de enhorabuena, entraba en vigor la ley 32/2010 por la que se establecía un sistema específico de protección por cese de actividad; un sistema “parecido” al de cualquier trabajador por cuenta ajena.

Sin embargo, parece que este sistema no había cuajado en gran medida entre los autónomos y a día de hoy, solamente 600.000 autónomos cotizan para por recibir en un futuro esta prestación.

Pero el gran problema de este sistema no radica en el número de autónomos que se han acogido a pagar esta cotización por desempleo, sino en el número de solicitudes. Solamente el 1% de estos 600.000 autónomos han pedido la contraprestación, y lo que es peor, solamente han conseguido obtenerla menos del 20%, ya que más del 80% no cumplían los requisitos necesarios.

En vistas a estos datos, el Gobierno aprovechó el lanzamiento de la nueva Ley de Mutuas para rebajar los requisitos de esta contraprestación y ayudar a aquellos autónomos que han tenido que cesar su actividad.

Requisitos para acceder a la prestación por desempleo:

1-      Estar afiliado a la Seguridad Social, estar al corriente del pago de las cuotas y tener cubiertas las contingencias profesionales.

2-      Periodo mínimo de cotización de doce meses continuados o inmediatamente anteriores al cese.

3-      Los motivos pueden ser económicos (pérdidas de más 10% en relación al año anterior), técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial debidamente justificado.

4-      Suscribir el compromiso de actividad para el mantenimiento de la prestación a fin de realizar actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que pueda convocarle el Servicio Público de Empleo.

5-      No haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, salvo no tener el periodo de cotización requerido para ello.

6-      No incurrir en incompatibilidades previstas en la Ley 32/2010 de 5 agosto.